Puig deja a Mazón una deuda de 55.000 millones tras ocho años de socialismo: 10.777 € por valenciano

La deuda viva de la Generalitat Valenciana asciende a 55.032 millones de euros a 31 de diciembre de 2022, tras ocho años de gobierno de la izquierda, liderado por el socialista Ximo Puig. Esta cantidad supone una deuda por cada valenciano de 10.777 euros. Esos 55.032 millones superan en más de 13.000 millones la existente en 2015, cuando Ximo Puig accedió a la Presidencia de la Generalitat. Así lo refleja la página web de la propia Generalitat y han confirmado fuentes del equipo económico del PP valenciano.

Ese equipo está pendiente ahora de conocer el incremento de la citada deuda en lo que llevamos de 2023, pero estiman que ya puede haber superado los 56.000 millones, según ha manifestado el portavoz de Hacienda del PP en las Cortes Valencianas, Rubén Ibáñez. Es la herencia en números rojos que Puig deja al nuevo presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón después de ocho años de socialismo.

Una descomunal cantidad que supone la segunda mayor deuda de una comunidad autónoma en el conjunto del estado español, sólo superada, a distancia, por Cataluña. El incremento, cifrado en una media superior a los 1.600 millones anuales, tiene su origen, según las citadas fuentes, en una gestión económica errática, con presupuestos anuales superiores a los de Comunidad de Madrid en diferentes momentos y unas cuentas en las que los gastos no se veían correspondidos con los ingresos. Incluso, con partidas alejadas de la realidad, como la de compensación de la financiación autonómica, que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha dado, superior a los 1.300 millones anuales.

Sólo el sector público, según las citadas fuentes, supone un gasto de 4.000 millones anuales, que el PP piensa reducir ya a lo largo de la legislatura en 500 millones. Pero, además, hay capítulos que llaman especialmente la atención. Según ha relatado Rubén Ibáñez, el incremento de los funcionarios de finales del año 2022 se pagó con un préstamo millonario. Una circunstancia que da una idea de cuál es el estado de las arcas públicas valencianas.

En marzo de este mismo año 2023, Ibáñez ya advirtió de que el déficit de la Generalitat al cierre del ejercicio de 2022 había ascendido a 3.847 millones, lo que suponía entonces el 3,11% del producto interior bruto (PIB) regional. Y que de 2021 a 2022 el déficit se había incrementado en 2.729 millones. Una cantidad equivalente al 2,11% de ese PIB regional. 

Según ha explicado Rubén Ibáñez, una vez el PP entre en la Generalitat, lo primero será observar la realidad de las cuentas públicas para conocer el margen de maniobra que hay hasta el 31 de diciembre de este 2023. Y, además, preparar el presupuesto para 2024 y las necesidades reales y posibilidades de refinanciación de la deuda. Si bien, esa refinanciación no está exenta de dificultades. Sobre todo, porque los intereses son ahora mucho más elevados que hace cinco años. Cada punto de subida de interés son más de 500 millones aplicables a la deuda.

Las medidas del PP

La cuestión de la deuda valenciana, por tanto, no es menor. Sobre todo, teniendo en cuenta la enorme carga impositiva que ha recaído sobre los valencianos y que ahora el líder del PP, Carlos Mazón, quiere reducir considerablemente con su bajada de impuestos, que en síntesis supondrá que los ciudadanos de este territorio pagarán 1.750 millones menos en impuestos que con el Gobierno de Ximo Puig, con una reducción impositiva para todos los valencianos, pero, sobre todo, para las clases medias y bajas.

Con ello, Mazón pretende garantizar una reactivación de la economía en este territorio y un cambio de paradigma. De modo que sean los valencianos los que decidan a qué destinan su propio dinero y no la Administración.

Para bajar la deuda pública Mazón ha diseñado también una enorme reducción de cargos públicos y asesores hasta dejarlos en la mitad de los 350 actuales, así como la reducción de las actuales 12 consejerías del Ejecutivo de Ximo Puig, que se quedarán en diez con la eliminación de la de Transparencia y la de Vivienda, que se transformarán en sendas direcciones generales. Además, se eliminarán chiringuitos instrumentales, subvenciones al catalanismo y toda una batería de gastos superfluos.

También, habrá una redistribución de los recursos, porque una parte del dinero ahorrado en la reducción de la grasa de la Administración autonómica, por ejemplo, se destinará a garantizar la Educación gratuita, universal y sin papeleos de los niños y niñas entre cero y 3 años.